Los últimos hechos violentos han provocado
efectos fuertes y traumáticos que ameritan de manera impostergable, una
reflexión de toda la sociedad, que nos obligue a transformar de raíz
aquellos factores sociales, económicos, culturales y políticos que
inciden en el aumento de la criminalidad y el uso de medios violentos
como medio de interacción normal.
La Comisión Interamericana de
Derechos Humanos de la OEA (2009), señala en su Informe sobre Seguridad
Ciudadana y Derechos Humanos, que la seguridad ciudadana debe
“contemplarse como una de las dimensiones de la seguridad humana, y por
lo tanto del desarrollo humano”; especialmente, en mi concepción, toca
de manera sensible y directa dos derechos fundamentalísimos: la dignidad
y el libre desarrollo de la personalidad. Además, es fundamental para
la convivencia pacífica que garantiza el desarrollo y la tranquilidad.
Los
Estados para garantizarla se preocupan por determinar y ejecutar
políticas públicas eficientes en la lucha por la seguridad ciudadana,
coordinando de manera interrelacionada, un conjunto de políticas,
planes, estrategias y procedimientos que vinculan al propio Estado, la
participación ciudadana y el control social.
Un estudio al cual
hice referencia en la entrega anterior, el Informe sobre Seguridad
Ciudadana en las Américas, 2012, de la OEA, ha establecido que los
sistemas de seguridad de los Estados miembros del organismo regional,
deben concentrar los mecanismos necesarios para reducir los factores que
conducen a la generación del delito.
Para ello, se requiere una
dinámica integral que articula cuatro (4) componentes: la acción
preventiva, focalizando la educacion en valores, especialmente en la
población infanto-juvenil; una policía eficiente, que mitigue, detecte y
capture diligentemente al delincuente o criminal; un sistema efectivo
de la justicia, que disuada la acción delincuencial con una efectiva
aplicación de las penas y la modernización del sistema penitenciario,
que garantice y promueva la resocialización de los que delinquen.
En
este mismo sentido, la Universidad del Rosario, Colombia, en una
investigación del año 2011, que titularon “La Encrucijada de la
Seguridad Ciudadana”, ha configurado tres modelos respecto a las
políticas para combatir la inseguridad social que prevalece hoy día: el
modelo “Inmunológico”, que aplica los EE.UU.; el modelo “Profiláctico”
que desarrolla la comunidad europea y el de los “Hábitos Saludables”, de
los países en vía de desarrollo.
El modelo estadounidense,
conforme el Informe referenciado, es un modelo preventivo-disuasivo, que
intenta generar un mayor control social en barrios estratégicos. Con
el mismo se pretende establecer una cohesión social para que sea la
propia comunidad la que sirva como muro de contención frente a la
delincuencia.
Se basa en el principio de las “ventanas rotas”
(broken windows), publicado en James Wilson y George Kelling en el año
1982. De acuerdo al criterio planteado por los autores, un “vidrio roto
no reparado”, significa metafóricamente que el ciudadano está a
expensas de los delincuentes y que hay una ausencia absoluta de control
que promueve las actividades criminales.
A manera de ejemplo,
las cifras a continuación son bastante significativas: Entre los años
1993 y el 2000, con el programa “Tolerancia Cero”, en la ciudad de New
York, el índice de delincuencia descendió en un 57.23%; se redujeron los
homicidios en un 65.18%; los robos con violencia bajaron en un 62.46%;
el robo de vehículos y a residencias, disminuyeron, en un 68.11% y
62.10%, respectivamente. Algunos detractores del modelo americano, han
planteado que lo que verdaderamente produjo la disminución de la
criminalidad, fue la inserción de más de 15 mil efectivos policiales y
el incremento del presupuesto de la policía en más de un 300%.
El
modelo europeo, por su parte, se enfoca en impedir el surgimiento del
problema, más que combatirlo. Es decir, las diferentes entidades del
Estado y la sociedad aúnan esfuerzos para reducir las causas profundas
que producen el malestar de los individuos, sus acciones antisociales y
posibles desviaciones conductuales o coyunturales.
En este modelo
“se busca una intervención decidida de los actores gubernamentales para
mejorar la calidad de vida en aquellos lugares donde existe una mayor
propensión para que afloren el delito y el delincuente”. Por ejemplo,
entre las acciones que ejecutan los europeos, está la de mejorar la
formación cívica de los niños, el acceso rápido y oportuno al sistema
judicial, una policía eficiente, y mejorar las condiciones básicas de
los individuos: acceso a empleo, casas y a la seguridad social.
Se
le conoce al modelo europeo como “profiláctico” porque contrarresta los
problemas sociales, mucho antes de que se vuelvan germen de la
delincuencia y haya que reprimirlos posteriormente.
Finalmente, el
modelo de los países en vía de desarrollo se centra en la generación de
hábitos que limiten la posibilidad de que un individuo pueda cometer
actos violentos, restringiendo comportamientos nocivos o tendentes al
riesgo.
Este modelo de “hábitos saludables” parte del principio de
que los hechos violentos o criminales son influenciados por factores
que pueden inducir al delito o hacerlos crecer exponencialmente, como
podrían ser el porte indiscriminado de armas, el consumo de
estupefacientes, pocas oportunidades de desarrollo y productividad.
La
República Dominicana, en los últimos siete años ha puesto la seguridad
ciudadana como parte importante e integral de las políticas públicas.
En
el 2005, el Decreto No. 263-05, del 29 de abril, creó el Plan de
Seguridad Democrática, orientado a prevenir, conjurar y minimizar la
ocurrencia de actos de delitos y violaciones atentatorias al derecho
ciudadano de seguridad pública.
Luego, el Decreto No. 308-06, del
24 de julio, dispuso restricciones para el expendio de bebidas
alcohólicas en colmados, discotecas, bares casinos y centros de
diversión.
Otro Decreto, No. 309-06, prohibió la importación de armas de fuego, partes y sus respectivas municiones.
De
igual forma, el Decreto 310-06, dispuso el patrullaje en horario
nocturno en todo el territorio nacional a cargo de patrullas integradas
por miembros de los diversos cuerpos armados y de la policía nacional.
El
decreto 314-06 autoriza a la Policía Nacional a la integración de la
Policía Auxiliar, mediante la incorporación de jóvenes bachilleres y a
nivel universitario para laborar en el área administrativa y en tareas
preventivas en lugares de bajo riesgo así como en los barrios y
localidades donde residan.
Otros decretos del Poder Ejecutivo con
miras de garantizar la seguridad ciudadana fueron los números 315-06 y
317-06, ambos del 28 de julio.
El primero, creó el Consejo
Nacional de Seguridad Ciudadana y el segundo, dispuso que la Policía
Nacional retirara los policías asignados al servicio de seguridad de
instituciones públicas, funcionarios y dignatarios y los destinara al
patrullaje preventivo.
El Decreto 358-12, del 24 de julio de este
año, creó el Observatorio de Seguridad Ciudadana de República
Dominicana, con la finalidad de recabar, consolidar, procesar y
analizar la información delictual del país, para poder orientar y apoyar
políticas y acciones de prevención, reducción, y control de la
criminalidad y la violencia.
Las políticas de seguridad ciudadana
del Estado deben estar íntimamente vinculadas a un programa intensivo de
educación en valores que fortalezca la familia como núcleo esencial de
la sociedad. La seguridad ciudadana es un deben primordial del Estado,
pero lo es también de la comunidad. Tenemos el deber ciudadano de
colaborar desde nuestros hogares a tomar los correctivos de lugar.
La
reciente matanza del viernes pasado en una escuela primaria de Newtown,
en Connecticut (Estados Unidos) que dejó un total de 28 muertos, entre
ellos 20 niños y el propio autor de los hechos, es un hecho que no
debería repetirse jamás.
Necesitamos afianzar los valores
positivos que se han ido perdiendo y reevaluar las prioridades que
tenemos como individuos, familia y sociedad.
