A propósito del llamado a desarme de la población

Por Juan Tomas Taveras

Una vez más surge en el país un llamado al cumplimiento del rol que debería cumplir el Estado, me refiero al error de llamar al desarme a la población por parte del Procurador General de la República. Pues es lo que juran y mandan las leyes, “cumplir y hacer cumplir la ley, la constitución y los acuerdos internacionales”. Sin embargo, constantemente escuchamos diferentes anuncios a través de diferentes medios, por parte de las autoridades, para tal o cual acción que esta contenida en sus responsabilidades, como si desconocieran su misión o la olvidaran, y de repente recordaran cual es su papel. Definitivamente es evidente la inversión de roles del Estado, con relación a la responsabilidad para garantizar los derechos y libertades, resaltando lo más prioritario: la vida, la dignidad humana y las necesidades básicas de toda la población.

Tal como manda la ley 36 es obligación, es responsabilidad por parte de las autoridades del estado la incautación y sometimiento a la justicia por el porte, tenencia de armas ilegales y el tráfico de las mismas, también por la violación a la ley general de aduanas la importación o introducción de armas por canales ilegales e irregulares, no entendemos entonces que persiguen las autoridades, por lo que cabe preguntarse:

¿Quienes serian los más beneficiados con una medida de desarme?

¿Beneficiará realmente a los ciudadanos?

¿Por qué y para qué este llamado de desarme?

¿A quienes realmente quieren desarmar las autoridades?

¿Cuál es la intención real del Estado cuando habla del desarme de la población?

¿Dónde están las armas del caso de aduanas en Santiago?

¿Por qué no se sometió al señor Carim Abu Naba por el uso de armas de guerras?

Les invito a reflexión, haciendo este ejerció de dar respuestas.

Las Fuerza Armadas, la Policía Nacional y los demás organismos del Estado que están facultados al porte y uso de armas a favor de la seguridad ciudadana, no cumplen con los mandatos y regulaciones de los convenios internacionales para uso de la fuerza, siendo las armas de fuego la principal herramienta de fuerza. También dejan de lado la ley 672 que trata de la conducta ética de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, jueces, fiscales y en los que se incluyen policías, militares y organismos de seguridad.

Quien nos cuidará de ellos, de los delincuentes, criminales armados y de todos los que poseen armas ilegales y de guerra.

Los ciudadanos que pagan el porte y tenencia de armas de fuego deben tener la garantía de ese derecho respaldado y regulado adecuadamente, sin que esto traiga riesgo a los demás ciudadanos que no la portan.

Defiendo cabalmente una política de cero armas por parte de la población, pero frente a la ausencia de instituciones capaces de garantizar el uso y tenencia de arma de fuego, y sin la más mínima muestra por parte del Estado dominicano de tener las condiciones y voluntad para tranquilizar a la sociedad dominicana, frente al fracaso en la prevención, el control y la persecución del crimen. Dejan y han provocado que los ciudadanos crean imprescindibles cuidarse por ellos mismo.

Para respaldar nuestras dudas en cuanto a estas medidas de desarme, favor de accesar al siguiente link y ver video de Freddy Beras Goico, http://www.youtube.com/watch?v=KB3tuTYzaD0

“La violencia no se previene ni se elimina recogiendo las armas de fuego; sólo el fomento de la educación, la cultura y el respeto a la vida y a la humanidad de todos (inclusive la de nuestros enemigos) no salvaría. Al paso que vamos, terminaremos picándonos a machetazos. ¿Vamos a comenzar a recoger machetes?” Keysi Montás