NOTA DE PRENSA

EN DÍA DEL PODER JUDICIAL, JUSTICIA Y TRANSPARENCIA (FJT) CLAMA POR MAS PRESUPUESTO PARA LA JUSTICIA Y PIDE A JUECES MANO DURA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO

LA FUNDACIÓN JUSTICIA Y TRANSPARENCIA (FJT) PLANTEA Y REITERA LA NECESIDAD DE CREAR UNA LEY QUE CASTIGUE LA PREVARICACIÓN JUDICIAL

LA FJT CONDENA LA INERCIA E INOPERANCIA DE LA JURISDICCIÓN SUPERIOR ADMINISTRATIVA Y ABOGA POR LA CREACIÓN DE LOS TRIBUNALES DE PRIMERA INSTANCIA EN CUMPLIMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN

Justicia y Transparencia (FJT) clamó por más presupuesto para el Poder Judicial y manifestó su temor de que este importante estamento jurisdiccional caiga en una eventual quiebra por la falta de recursos y la imposibilidad material de cumplir con las exigencias legales y reivindicativas del sistema judicial.

El presidente de la entidad de sociedad civil, Trajano Potentini, observó que la justicia, es el poder del estado con mayores retos legales, y consecuentemente institucionales, todo ello de cara a las exigencias constitucionales y a la ambiciosa reforma judicial en curso, con la nueva constitución y el cambio de los códigos, además de la obligación de crear y modificar varias leyes.

Potentini explicó, que es al Poder Judicial a quien le corresponde establecer los nuevos tribunales contenciosos administrativos de primera instancia por mandato de la constitución, lo que evidentemente supone disponibilidad presupuestaria, lo mismo ocurre en la jurisdicción penal con la necesidad de suplir conforme la desbordante carga procesal, la creación de más tribunales colegiados de primera instancia, entre otros tantos apremios y responsabilidades de carácter administrativo.

La FJT entiende, que si no se dota al Poder Judicial de los recursos necesarios para asumir los nuevos retos de las reformas concretadas y en curso, tendremos entonces cada vez menos seguridad jurídica, y un poder del estado sin capacidad para cumplir su rol y funciones, en detrimento incluso de la gobernabilidad democrática y paz social.

Asimismo Justicia y Transparencia pidió a los jueces aplicar mano dura en contra de la delincuencia y del crimen organizado, al tiempo de lamentar la percepción que en la actualidad persiste sobre una justicia venal y deficiente, aun cuando se advierten esfuerzos importantes, aunque no suficientes del Dr. Mariano Germán Mejía, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia, para mejorar los niveles de credibilidad de ese importante poder del estado.

La entidad de sociedad civil planteó la necesidad de crear una ley que penalice y castigue la prevaricación judicial contemplando en detalles el procedimiento y competencia acorde con la constitución para el juzgamiento de los jueces por falta en el ejercicio de sus funciones. De ahí que la FJT, entiende que el combate a la corrupción judicial debe ir acompañado de un sistema de consecuencias y disuasivo real, para que los jueces actúen apegados a criterios éticos y morales a la hora de administrar justicia.

Potentini deploró la falta de implementación de los tribunales contenciosos administrativos de primera instancia, en cumplimiento del artículo 164 de la constitución, y de paso la inercia, inoperancia, y lentitud  del Tribunal Superior Administrativo en el desempeño de sus labores jurisdiccionales, con una mora judicial de casi 5,000 expedientes sin fallar y la tardanza en el conocimiento de los recursos de amparo y de otras acciones propias de la jurisdicción administrativa al someter a la administración pública al imperio de la ley.

Justicia y Transparencia, advirtió que la falta de estos tribunales, deviene en una doble inconstitucionalidad, al no ponerlos en funcionamiento pese a una disposición constitucional y con ello robarles a los ciudadanos la posibilidad del doble grado de jurisdicción o doble instancia como uno de los principios cardinales del derecho.

La FJT demandó de la Suprema Corte de Justicia, el vigilar y dar seguimiento al  tratamiento que el superior administrativo le está dando a los juicios de amparo, los cuales en muchos casos se prolongan hasta por más de un año y hasta dos meses para la fijación de una audiencia, en clara y abierta violación a la constitución de la república, y con ello desnaturalizando la esencia y finalidad de la acción de amparo.