Enfrentamientos por la DNCD

Santo Domingo,

El cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez y Marino Vinicio Castillo rechazaron ayer que la DNCD esté adscrita al Ministerio Público, como reclama el procurador General de la República. El religioso dijo que no le parece oportuno el reclamo que hace el procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito.

 “Las cosas hay que dejarlas como están”, dijo al tiempo que considera que indiscutiblemente hay una reacción de algunos sectores, de los que excluye al Procurador, ante los “golpes muy fuertes” que ha dado la DNCD.

 “Es posible que la figura del general Rosado esté molestando un poco ahí, repito, no me refiero al procurador General que es una persona que estimo mucho y somos grandes amigos, pero sé que hay gente, fuera de ese ambiente de la Procuraduría, que no ve con simpatía la gestión del general Rosado, que está dando golpes duros”.

López Rodríguez recordó que la Dirección Nacional de Control de Drogas despacha con el presidente de la República y por consiguiente las instrucciones que recibe su titular son las del jefe del Estado.

Propuesta “absurda”

De su lado, el asesor del Poder Ejecutivo en materia de narcotráfico, Marino Vinicio Castillo (Vincho), calificó de “absurda e insensata” la propuesta porque está basada en una mala interpretación de la Constitución. 

Aseguró que el Ministerio Público solo debe dar supervisión legal y acompañamiento en las investigaciones que realiza la DNCD. 

Castillo dijo que el organismo antidroga realiza una excelente labor contra el crimen organizado y que muestra de ello es que en los últimos 25 días se ha incautado de más de 6,000 toneladas de distintas drogas. “Sería una acción imprudente desmantelar y desgarrar instituciones nacionales en vez de fortalecerlas”.

Castillo culpa a Finjus de inoperancia del código

Castillo consideró que la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) no aprende de los errores cometidos, porque fue esa organización la que presionó a la comisión redactora del Código Procesal Penal en el 1997 para que hiciera ciertas modificaciones, pero aseguró que el resultado fue un código inoperante, que protege a los delincuentes.