Comunicado de prensa

Por una solución dominicana al conflicto de la nacionalidad

           

Ante la inminente visita al país de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) este Comité de Solidaridad con las Personas Desnacionalizadas por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC), desea manifestar lo siguiente:        

 

1.- Damos cordial bienvenida a los comisionados, invitados por el Estado dominicano, con la esperanza de que su presencia y los informes que emitirán contribuyan a encontrar una solución al grave conflicto originado por la política de despojo de la nacionalidad que desde el 2006 practica la Junta Central Electoral por simple vía administrativa. Situación que se agrava y amplia  por la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional que deja sin nacionalidad a decenas de millares de ciudadanos y ciudadanas dominicanas descendientes de extranjeros, en su gran mayoría de haitianos.

 

            La CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos son valiosos organismos del sistema interamericano, constituidos en virtud de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada debidamente por el Estado Dominicano. Ambas son instancias que forman parte del bloque de constitucionalidad dominicano en materia  de derechos humanos, tan legítimas como el TC.

 

            De hecho, hace ya más de dos años que la CIDH está apoderada de instancias de decenas de dominicanos y dominicanas a quienes se les ha negado la emisión de copias de sus actas de nacimiento, y ha celebrado audiencias sobre el particular. Está en sus manos establecer si tienen los méritos necesarios para apoderar a la Corte Interamericana.

 

            2.- Esperamos que la presencia de la CIDH aliente a los diversos actores gubernamentales y políticos a la búsqueda de una solución al grave conflicto de los desnacionalizados, con la voluntad de “avanzar en todas las medidas que sean necesarias para garantizar la seguridad jurídica y el pleno goce y respeto de los derechos de los descendientes de haitianos nacidos en la República Dominicana”, como se comprometió el gobierno dominicano en el protocolo de entendimiento que firmó con las autoridades de Haití gracias a la mediación de Venezuela. El hecho de que se haya denunciado el protocolo no invalida el reconocimiento.

 

            3.- Este comité prefiere una solución dominicana al conflicto originado por la JCE y la sentencia del TC, partiendo del planteamiento del numeral 2 del Artículo 18 de la Constitución que reconoce la ciudadanía a “quienes gocen de la nacionalidad dominicana antes de la entrada en vigencia de esta Constitución”, así como del Artículo 110 de la misma Constitución que ratifica el principio jurídico de la no retroactividad de la ley: “En ningún caso los poderes públicos o la ley podrán afectar la seguridad jurídica derivada de situaciones establecidas conforme a una legislación anterior”.

 

            El presidente Danilo Medina formuló interrogantes sobre la justeza de la sentencia y reconoció que debe buscarse solución a sus graves implicaciones humanas. Y el expresidente Leonel Fernández, presidente del partido gobernante, cuestionó su retroactividad y sabemos que recientemente ha planteado posibles alternativas. Ambos son los máximos líderes de la organización política que controla las cámaras legislativas y tienen suficientes poderes para tomar iniciativas eficaces para preservar los derechos humanos en peligro. De igual manera, importantes líderes políticos, congresistas,  empresariales y de la sociedad civil, así como expertos constitucionalistas han expresado sus preocupaciones y su disposición a buscar una solución concertada en el marco del respeto de los derechos humanos y el orden institucional.

 

            4.- Es obvio que el enorme rechazo nacional e internacional a la sentencia de desnacionalización ha creado una situación de graves incertidumbres que ya empiezan a afectar la imagen del país, que a nombre de la soberanía no puede ignorar sus compromisos internacionales, ni de la sensibilidad universal en materia de derechos tan fundamentales como el de la nacionalidad. Las autoridades están en el deber de evitar mayores daños que pudieran derivarse de las denuncias a que está sometido el Estado dominicano.

 

            5.- La solución dominicana al conflicto evitará que los legítimos reclamos de justicia de los afectados llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y a una muy probable condena al Estado, dada la jurisprudencia sentada en su dictamen del 2005 sobre la instancia de las niñas Yean y Bosico. Creemos que no habrá solución sin reconocer del derecho de las decenas de miles de descendientes de extranjeros que durante décadas fueron reconocidos como dominicanos.

 

            6.- La superación de este conflicto que ha dividido profundamente a la sociedad dominicana permitirá centrar la atención en la recién presentada propuesta de  “Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular”, discutido durante casi dos años. Esta propuesta parece más realista y viable, y supera considerablemente las dos versiones anteriores. La misma  contempla las medidas fundamentales para iniciar el control de la desproporcionada inmigración haitiana. Saludamos este esfuerzo normativo que deberá proseguirse con otros de carácter nacional y bilaterales, al tiempo que reclamamos que no se le contamine pretendiendo ahora aplicarlo a nacionales dominicanos, nacidos en el país, como ocurre en el Párrafo del Artículo 8 del Proyecto.

 

            7.- Este Comité reitera que nació para promover encuentros y soluciones, no para excluir, descalificar, insultar o estigmatizar. Su esencia es la solidaridad con quienes sufren la desnacionalización. En cumplimiento de esta misión estamos convocando un gran encuentro de Abrazos Solidarios  entre dominicanos y dominicanas, a efectuarse el próximo jueves 5 de diciembre a las 6 de la tarde en el Aula Magna  de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.-   

 

Santo Domingo

29 de Noviembre del 2013.-