Santo Domingo,
El expresidente Hipólito Mejía y el aspirante presidencial perredeísta Luis Abinader, depositaron la mañana de ayer ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos una denuncia por supuesta violación de parte del Estado dominicano de los derechos civiles de Mejía, Andrés Bautista, Orlando Jorge Mera y Geanilda Vásquez.
El expresidente Hipólito Mejía y el aspirante presidencial perredeísta Luis Abinader, depositaron la mañana de ayer ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos una denuncia por supuesta violación de parte del Estado dominicano de los derechos civiles de Mejía, Andrés Bautista, Orlando Jorge Mera y Geanilda Vásquez.
La revelación fue hecha en una rueda de prensa en la que el exmandatario y el excandidato estuvieron acompañados de los abogados de la firma ARP&Asociados, de Washington, responsable del proceso legal a nivel internacional, Orlando Jorge Mera y Geanilda Vásquez.
Abinader dijo que en las próximad cinco semanas se iniciarán igualmente procesos legales ante el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y se entregarán denuncias individuales ante la relatoría: “Sin un sistema judicial independiente no hay justicia”.
El doctor Aparicio, de nacionalidad colombiana y radicado profesionalmente en Washington, Estados Unidos, explicó que la firma de abogados acudirá ante diferentes instancias jurídicas internacionales “para denunciar estos hechos, ante la imposibilidad de las víctimas de encontrar justicia en tribunales nacionales, sometidos al poder político”.
“El secuestro de la justicia por el partido gobernante viola derechos humanos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos de la OEA y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, ambos jurídicamente vinculantes para la República Dominicana”, declaró el jurista durante la rueda de prensa.
Dijo que “la experiencia latinoamericana demuestra que los nuevos autoritarismo en la región se construyen a partir de estrategias de control político partidario de los tribunales supremos, de los mecanismos de control constitucional y de los poderes electorales, con fines de perpetuarse en el poder y de aniquilar el sistema de partidos políticos.
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