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16 de julio de 2012

Enfrentar la violencia social requiere políticas sociales, afirma Tahíra Vargas 
La antropóloga social Tahíra Vargas.

 
SANTO DOMINGO (R. Dominicana).-  Desde hace algún tiempo, en algunos barrios de Santiago, y especialmente en los de la zona sur de esa ciudad, juntas de vecinos, arrogándose la representación de todos los moradores, han decidido suplantar la autoridad en cuestiones de orden público.

Con preocupante recurrencia, estas “juntas de vecinos” han dado plazos perentorios a los inmigrantes haitianos para que abandonen los barrios. Es decir, deciden y logran deportaciones de hecho infringiendo la ley en la materia y haciendo caso omiso de la exclusiva responsabilidad de la Dirección General de Migración en su aplicación.

Más recientemente, en estos mismos barrios se adoptó la iniciativa de formar brigadas para defenderse de “los delincuentes”.  Aunque los métodos de esta “defensa” no se hicieron públicos, el historial de violencia de estos grupos supuestamente vecinales permite suponerlos. En una reunión sostenida el pasado día 10, el presidente de la junta de vecinos de San José la Mina, Francisco Consuegra, planteó su “preocupación” y fue vocero de la decisión de los de no soportar “más robos y mucho menos la impunidad”.

7dias.com.do habló con la antropóloga social Tahíra Vargas para indagar sobre las posibles causas de un estado de ánimo social que reivindica hacer justicia con las propias manos.

¿Cómo interpreta usted el fenómeno de suplantación de la autoridad que se da en algunos barrios de Santiago? Juntas de vecinos han conminado a los haitianos a marcharse de sus viviendas, y ahora pretendían constituirse en “brigadas antidelictivas.

El fenómeno de expulsión de población haitiana de las comunidades a través de las juntas de vecinos que se da en Santiago desde hace un par de años,  responde a patrones de comportamiento social presentes en otras provincias del país, como Montecristi y Neyba, desde 2005.

En en los estudios que hicimos en Montecristi para el Informe Provincial de Desarrollo Humano sobre las relaciones entre la población dominicana y la migrante haitiana,  se presentan casos de incendio de viviendas y linchamientos. Los linchamientos se produjeron por la persecución a haitianos acusados de actividades delictivas  y se extendieron a toda la población haitiana residente en las comunidades.

Este comportamiento hay que separarlo del comportamiento hacia los “delincuentes” aunque tienen en común las siguientes causas: 1) la desconfianza en el sistema de justicia y su eficiencia para intervenir contra la delincuencia en forma efectiva, que tiene su origen en las prácticas de complicidad e impunidad que se presentan cotidianamente en el sistema que permite que delincuentes no sean juzgados ni encarcelados;  2) el impacto que tiene en la población la actitud policial frente a la delincuencia con el uso de la violencia y la violación de los derechos de las personas.

¿Es este comportamiento solo atribuible a la falta de políticas de seguridad ciudadana efectivas?

 En este comportamiento intervienen múltiples factores entre los cuales están la ausencia de una efectiva política de seguridad ciudadana;  la falta de intervención en las causas de la delincuencia social desde la perspectiva de ampliar las  oportunidades de la población joven y adulta de mejorar sus fuentes de ingresos; las deficiencias del sistema educativo para formar niños, niñas y jóvenes en una cultura de paz , y la ausencia de educación y orientación a la ciudadanía sobre los derechos ciudadanos.

En el caso de la represión contra los haitianos, ¿son identificables influencias de grupos neonacionalistas?

En el estudio en el que participamos junto a la Oficina de Desarrollo Humano  del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, publicado en “Política social, derechos y capacidades”, volumen III sobre cohesión social, se analizan las relaciones entre dominicanos y haitianos y se identifican en algunas comunidades las tendencias discriminatorias contra la población haitiana sustentadas en una visión distorsionada de la historia, que hace hincapié en la invasión de 1822. Asimismo, en el miedo creado por los grupos nacionalistas, que propalan que estamos siendo invadidos por la migración proveniente de Haití.

El estudio identifica en la población de las distintas provincias, sobre todo en Montecristi, Bahoruco y Santiago, una tendencia al conflicto con la población haitiana basada en un miedo creado por la opinión pública y por visiones erróneas de la población migrante como amenaza.

¿Qué explicación tiene esta violencia de los pobres contra los pobres?

La violencia de pobres-contra pobres se produce todos los días en la cotidianidad. La sociedad dominicana es violenta desde su misma formación histórica.  La población vive en la cotidianidad en forma ambivalente: la solidaridad y la violencia como dos caras de la misma moneda de la convivencia social. Por un lado una solidaridad y familiaridad permanente entre vecinos, vecinas y personas, y por el otro, los conflictos en la familia y en las comunidades se resuelven con violencia.

La violencia está presente en los hogares en la forma de los padres y las madres relacionarse con sus hijos e hijas: pelas y maltrato físico permanente; en las relaciones entre hermanos y hermanas, entre el hombre cónyuge y la mujer, en la escuela. Los maestros y maestras utilizan la violencia para corregir conductas. La sociedad dominicana no conoce métodos correctivos que no sea la violencia física, verbal y emocional. Desde los medios de comunicación, autoridades religiosas, dirigentes políticos, autoridades en general, fomentan en la población la idea errónea de que si no se usa la violencia para corregir las conductas se incrementa la delincuencia.

¿Tiene este comportamiento imitadores en otros lugares del país?

 Sí,  este comportamiento se presenta en otras provincias como las ya citadas: Montecristi, Valverde  y Bahoruco.

¿Cómo enfrentarlo?

Tiene que ser enfrentado desde el Estado, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación con campañas educativas a la población dirigidas a desmontar la visión equivocada de la historia dominicana, que pone el acento solo en la independencia nacional de los invasores haitianos; con políticas públicas dirigidas a establecer una efectiva seguridad ciudadana que incluya la erradicación de la delincuencia y la violencia social con políticas sociales ejecutadas por los ministerios responsables.

 Además, debe quitarse a la policía el papel de organismo encargado de la seguridad ciudadana y de control de la delincuencia; establecer un sistema de seguridad ciudadana descentralizado que opere desde los municipios; y, por último, desarrollar procesos educativos, desde el sistema formal y no formal, dirigidos a crear una cultura de paz que oriente a la ciudadanía sobre sus derechos y que ofrezca estrategias de resolución de conflictos no violentas.

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