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SANTO DOMINGO (R. Dominicana).- Desde
hace algún tiempo, en algunos barrios de Santiago, y especialmente en
los de la zona sur de esa ciudad, juntas de vecinos, arrogándose la
representación de todos los moradores, han decidido suplantar la
autoridad en cuestiones de orden público.
Con preocupante recurrencia, estas “juntas de vecinos” han dado
plazos perentorios a los inmigrantes haitianos para que abandonen los
barrios. Es decir, deciden y logran deportaciones de hecho infringiendo
la ley en la materia y haciendo caso omiso de la exclusiva
responsabilidad de la Dirección General de Migración en su aplicación.
Más recientemente, en estos mismos barrios se adoptó la iniciativa de
formar brigadas para defenderse de “los delincuentes”. Aunque los
métodos de esta “defensa” no se hicieron públicos, el historial de
violencia de estos grupos supuestamente vecinales permite suponerlos. En
una reunión sostenida el pasado día 10, el presidente de la junta de
vecinos de San José la Mina, Francisco Consuegra, planteó su
“preocupación” y fue vocero de la decisión de los de no soportar “más
robos y mucho menos la impunidad”.
7dias.com.do habló con la antropóloga social Tahíra Vargas para
indagar sobre las posibles causas de un estado de ánimo social que
reivindica hacer justicia con las propias manos.
¿Cómo interpreta usted el fenómeno de suplantación de la
autoridad que se da en algunos barrios de Santiago? Juntas de vecinos
han conminado a los haitianos a marcharse de sus viviendas, y ahora
pretendían constituirse en “brigadas antidelictivas.
El fenómeno de expulsión de población haitiana de las comunidades a
través de las juntas de vecinos que se da en Santiago desde hace un par
de años, responde a patrones de comportamiento social presentes en
otras provincias del país, como Montecristi y Neyba, desde 2005.
En en los estudios que hicimos en Montecristi para el Informe
Provincial de Desarrollo Humano sobre las relaciones entre la población
dominicana y la migrante haitiana, se presentan casos de incendio de
viviendas y linchamientos. Los linchamientos se produjeron por la
persecución a haitianos acusados de actividades delictivas y se
extendieron a toda la población haitiana residente en las comunidades.
Este comportamiento hay que separarlo del comportamiento hacia los
“delincuentes” aunque tienen en común las siguientes causas: 1) la
desconfianza en el sistema de justicia y su eficiencia para intervenir
contra la delincuencia en forma efectiva, que tiene su origen en las
prácticas de complicidad e impunidad que se presentan cotidianamente en
el sistema que permite que delincuentes no sean juzgados ni
encarcelados; 2) el impacto que tiene en la población la actitud
policial frente a la delincuencia con el uso de la violencia y la
violación de los derechos de las personas.
¿Es este comportamiento solo atribuible a la falta de políticas de seguridad ciudadana efectivas?
En este comportamiento intervienen múltiples factores entre los
cuales están la ausencia de una efectiva política de seguridad
ciudadana; la falta de intervención en las causas de la delincuencia
social desde la perspectiva de ampliar las oportunidades de la
población joven y adulta de mejorar sus fuentes de ingresos; las
deficiencias del sistema educativo para formar niños, niñas y jóvenes en
una cultura de paz , y la ausencia de educación y orientación a la
ciudadanía sobre los derechos ciudadanos.
En el caso de la represión contra los haitianos, ¿son identificables influencias de grupos neonacionalistas?
En el estudio en el que participamos junto a la Oficina de Desarrollo
Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
publicado en “Política social, derechos y capacidades”, volumen III
sobre cohesión social, se analizan las relaciones entre dominicanos y
haitianos y se identifican en algunas comunidades las tendencias
discriminatorias contra la población haitiana sustentadas en una visión
distorsionada de la historia, que hace hincapié en la invasión de 1822.
Asimismo, en el miedo creado por los grupos nacionalistas, que propalan
que estamos siendo invadidos por la migración proveniente de Haití.
El estudio identifica en la población de las distintas provincias,
sobre todo en Montecristi, Bahoruco y Santiago, una tendencia al
conflicto con la población haitiana basada en un miedo creado por la
opinión pública y por visiones erróneas de la población migrante como
amenaza.
¿Qué explicación tiene esta violencia de los pobres contra los pobres?
La violencia de pobres-contra pobres se produce todos los días en la
cotidianidad. La sociedad dominicana es violenta desde su misma
formación histórica. La población vive en la cotidianidad en forma
ambivalente: la solidaridad y la violencia como dos caras de la misma
moneda de la convivencia social. Por un lado una solidaridad y
familiaridad permanente entre vecinos, vecinas y personas, y por el
otro, los conflictos en la familia y en las comunidades se resuelven con
violencia.
La violencia está presente en los hogares en la forma de los padres y
las madres relacionarse con sus hijos e hijas: pelas y maltrato físico
permanente; en las relaciones entre hermanos y hermanas, entre el hombre
cónyuge y la mujer, en la escuela. Los maestros y maestras utilizan la
violencia para corregir conductas. La sociedad dominicana no conoce
métodos correctivos que no sea la violencia física, verbal y emocional.
Desde los medios de comunicación, autoridades religiosas, dirigentes
políticos, autoridades en general, fomentan en la población la idea
errónea de que si no se usa la violencia para corregir las conductas se
incrementa la delincuencia.
¿Tiene este comportamiento imitadores en otros lugares del país?
Sí, este comportamiento se presenta en otras provincias como las ya citadas: Montecristi, Valverde y Bahoruco.
¿Cómo enfrentarlo?
Tiene que ser enfrentado desde el Estado, organizaciones de la
sociedad civil y medios de comunicación con campañas educativas a la
población dirigidas a desmontar la visión equivocada de la historia
dominicana, que pone el acento solo en la independencia nacional de los
invasores haitianos; con políticas públicas dirigidas a establecer una
efectiva seguridad ciudadana que incluya la erradicación de la
delincuencia y la violencia social con políticas sociales ejecutadas por
los ministerios responsables.
Además, debe quitarse a la policía el papel de organismo encargado
de la seguridad ciudadana y de control de la delincuencia; establecer un
sistema de seguridad ciudadana descentralizado que opere desde los
municipios; y, por último, desarrollar procesos educativos, desde el
sistema formal y no formal, dirigidos a crear una cultura de paz que
oriente a la ciudadanía sobre sus derechos y que ofrezca estrategias de
resolución de conflictos no violentas.
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