Seguridad ciudadana

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Los últimos hechos violentos han provocado efectos fuertes y traumáticos que ameritan de manera impostergable, una reflexión de toda la sociedad, que nos obligue a transformar de raíz aquellos factores sociales, económicos, culturales y políticos que inciden en el aumento de la criminalidad y el uso de medios violentos como medio de interacción normal.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (2009), señala en su Informe sobre Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos, que la seguridad ciudadana debe “contemplarse como una de las dimensiones de la seguridad humana, y por lo tanto del desarrollo humano”; especialmente, en mi concepción, toca de manera sensible y directa dos derechos fundamentalísimos: la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad. Además, es fundamental para la convivencia pacífica que garantiza el desarrollo y la tranquilidad.

Los Estados para garantizarla se preocupan por determinar y ejecutar políticas públicas eficientes en la lucha por la seguridad ciudadana, coordinando de manera interrelacionada, un conjunto de políticas, planes, estrategias y  procedimientos que vinculan al propio Estado, la participación ciudadana y el control social.

Un estudio al cual hice referencia en la entrega anterior, el Informe sobre Seguridad Ciudadana en las Américas, 2012, de la OEA, ha establecido que los sistemas de seguridad de los Estados miembros del organismo regional, deben concentrar los mecanismos necesarios para reducir los factores que conducen a la generación del delito. 

Para ello, se requiere una dinámica integral que articula cuatro (4) componentes:  la acción preventiva, focalizando la educacion en valores, especialmente en la población infanto-juvenil;  una policía eficiente, que mitigue, detecte y capture diligentemente al delincuente o criminal; un sistema efectivo de la justicia, que disuada la acción delincuencial con una efectiva aplicación de las penas y la modernización del sistema penitenciario, que garantice y promueva la resocialización de los que delinquen.

En este mismo sentido, la Universidad del Rosario, Colombia, en una investigación del año 2011, que titularon “La Encrucijada de la Seguridad Ciudadana”, ha configurado tres modelos respecto a las políticas para combatir la inseguridad social que prevalece hoy día: el modelo “Inmunológico”, que aplica los EE.UU.; el modelo “Profiláctico” que desarrolla la comunidad europea y el de los “Hábitos Saludables”, de los países en vía de desarrollo.

El modelo estadounidense, conforme el Informe referenciado, es un modelo preventivo-disuasivo, que intenta generar un mayor control social en barrios estratégicos.  Con el mismo se pretende establecer una cohesión social para que sea la propia comunidad la que sirva como muro de contención frente a la delincuencia. 

Se basa en el principio de las “ventanas rotas” (broken windows), publicado en James Wilson y George Kelling en el año 1982.  De acuerdo al criterio planteado por los autores, un “vidrio roto no reparado”, significa metafóricamente que el ciudadano está a expensas de los delincuentes y que hay una ausencia absoluta de control que promueve las actividades criminales.  

A manera de ejemplo, las cifras a continuación son bastante significativas: Entre los años 1993 y el 2000, con el programa “Tolerancia Cero”, en la ciudad de New York, el índice de delincuencia descendió en un 57.23%; se redujeron los homicidios en un 65.18%; los robos con violencia bajaron en un 62.46%; el robo de vehículos y a residencias, disminuyeron, en un 68.11% y 62.10%, respectivamente. Algunos detractores del modelo americano, han planteado que lo que verdaderamente produjo la disminución de la criminalidad,  fue la inserción de más de 15 mil efectivos policiales y el incremento del presupuesto de la policía en más de un 300%.

El modelo europeo, por su parte, se enfoca en impedir el surgimiento del problema, más que combatirlo.  Es decir, las diferentes entidades del Estado y la sociedad aúnan esfuerzos para reducir las causas profundas que producen el malestar de los individuos, sus acciones antisociales y posibles desviaciones conductuales o coyunturales. 

En este modelo “se busca una intervención decidida de los actores gubernamentales para mejorar la calidad de vida en aquellos lugares donde existe una mayor propensión para que afloren el delito y el delincuente”. Por ejemplo, entre las acciones que ejecutan los europeos, está la de mejorar la formación cívica de los niños, el acceso rápido y oportuno al sistema judicial, una policía eficiente, y mejorar las condiciones básicas de los individuos: acceso a empleo, casas  y a la seguridad social.  

Se le conoce al modelo europeo como “profiláctico” porque contrarresta los problemas sociales, mucho antes de que se vuelvan germen de la delincuencia y haya que reprimirlos posteriormente.

Finalmente, el modelo de los países en vía de desarrollo se centra en la generación de hábitos que limiten la posibilidad de que un individuo pueda cometer actos violentos, restringiendo comportamientos nocivos o tendentes al riesgo.

Este modelo de “hábitos saludables” parte del principio de que los hechos violentos o criminales son influenciados por factores que pueden inducir al delito o hacerlos crecer exponencialmente, como podrían ser el porte indiscriminado de armas, el consumo de estupefacientes, pocas oportunidades de desarrollo y productividad.

La República Dominicana, en los últimos siete años ha puesto la seguridad ciudadana como parte importante e integral de las políticas públicas. 

En el 2005, el Decreto No. 263-05, del 29 de abril, creó el Plan de Seguridad Democrática, orientado a prevenir, conjurar y minimizar la ocurrencia de actos de delitos y violaciones atentatorias al derecho ciudadano de seguridad pública. 

Luego, el Decreto No. 308-06, del 24 de julio, dispuso restricciones para el expendio de bebidas alcohólicas en colmados, discotecas, bares casinos y centros de diversión.

Otro Decreto, No. 309-06, prohibió la importación de armas de fuego, partes y sus respectivas municiones.

De igual forma, el Decreto 310-06,  dispuso el patrullaje en horario nocturno en todo el territorio nacional a cargo de patrullas integradas por miembros de los diversos cuerpos armados y de la policía nacional. 

El decreto 314-06 autoriza a la Policía Nacional a la integración de la Policía Auxiliar, mediante la incorporación de jóvenes bachilleres y a nivel universitario para laborar en el área administrativa y en tareas preventivas en lugares de bajo riesgo así como en los barrios y localidades donde residan.

Otros decretos del Poder Ejecutivo con miras de garantizar la seguridad ciudadana fueron los números 315-06 y 317-06, ambos del 28 de julio. 

El primero, creó el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y el segundo, dispuso que la Policía Nacional retirara los policías asignados al servicio de seguridad de instituciones públicas, funcionarios y dignatarios y los destinara al patrullaje preventivo.

El Decreto 358-12, del 24 de julio de este año, creó el Observatorio de Seguridad Ciudadana de República Dominicana, con la  finalidad de recabar, consolidar, procesar y analizar la información delictual del país, para poder orientar y apoyar políticas y acciones de prevención, reducción, y control de la criminalidad y la violencia.

Las políticas de seguridad ciudadana del Estado deben estar íntimamente vinculadas a un programa intensivo de educación en valores que fortalezca la familia como núcleo esencial de la sociedad. La seguridad ciudadana es un deben primordial del Estado, pero lo es también de la comunidad. Tenemos el deber ciudadano de colaborar desde nuestros hogares a tomar los correctivos de lugar.

La reciente matanza del viernes pasado en una escuela primaria de Newtown, en Connecticut (Estados Unidos) que dejó un total de 28 muertos, entre ellos 20 niños y el propio autor de los hechos, es un hecho que no debería repetirse jamás.

Necesitamos afianzar los valores positivos que se han ido perdiendo y reevaluar las prioridades que tenemos como individuos, familia y sociedad.