El Movimiento Patria Para Tod@s espera que el pleno de la Junta Central Electoral rectifique su decisión de rechazar la solicitud de reconocimiento

El Movimiento Patria Para Tod@s espera que el pleno de la Junta Central Electoral rectifique su decisión de rechazar la solicitud de reconocimiento.

Reiteramos que el MPT ha cumplido con los requisitos que establece la ley electoral al disponer de los 32 locales, las 32 directivas y al haber depositado un padrón con 89 mil personas que avalan nuestra solicitud.

La Junta Central Electoral ha podido comprobar el cumplimiento de estos requisitos, según el informe del magistrado Eddy Olivares, presidente de la comisión de partidos políticos, quien afirma que el MPT cumplió con lo que establece la ley electoral con los locales y los comités provinciales.

El argumento de la JCE de rechazar nuestra organización bajo el supuesto de que no cumplimos con el tercer requisito del reglamento elaborado y aprobado por el pleno de este tribunal electoral el 5 de diciembre, mediante el cual exigen adicional a lo que establece la ley electoral, que los inspectores pudieran encontrar en las direcciones el 50% del padrón depositado por nuestra organización y del 25% aparecieran como afiliados.

Esta última reglamentación no contentiva de la ley electoral no fue aplicada nunca por el pleno, todos los partidos fueron aprobados con un porciento de afiliación muy inferior al 15%. Las exigencias fundamentales aplicadas por la JCE se fundamentaban en la existencia de locales y comités provinciales y la comprobación de un listado equivalente al 2% porciento que exigen la ley electoral de los votantes del proceso electoral presidencial anterior al reconocimiento depositado por los solicitantes y el MPT deposito un listado de 2.3% de los votantes.

El expediente sometido por el MPT al ser evaluado por la Comisión de Partidos Políticos de la Junta Central Electoral nos da puntuaciones muy superiores a la de otras organizaciones reconocidas. Vamos a citar algunos ejemplos en el reconocimiento del partido Acción por el Cambio, según acta 04/2009 de la comisión de partido y junta electorales de la Junta Central Electoral que sirvió de base para el reconocimiento de esta organización de parte del pleno , de una muestra 440 personas solo aparecieron 126, lo que representa 29% y de estos fueron confirmados como afiliados 11%.. Para el reconocimiento del PAL, PCR, PDI, el pleno de la Junta Central Electoral tomo en consideración el informe de la Comisión de Junta Electorales y Partidos Políticos que según acta 03/2009 del 11 de noviembre del 2009 establece que “solo el PDI tenía los 32 locales, al PCR le faltaba 1, al PAL 2 y al PSC 5 locales. Al verificar los afiliados tenían menos del 11%” de estos cuatro partidos, los tres primeros fueron reconocidos.

En el informe rendido por la Comisión de Junta Electorales y Partidos Políticos y firmado por su Coordinador Lic. Eddy Olivares Ortega, el MPT además de los requisitos establecidos en la ley electoral le fue comprobado 32 locales y 32 directivas, y en la verificación del padrón depositado de una muestra de 924, aparecieron en sus direcciones 335 para un 36%, siendo la organización con mayor porcentaje de los solicitantes y posiblemente de las experiencias anteriores. De los que aparecieron 75 firmaron su condición de afiliados para un 22.7%, más del doble de las organizaciones que según las actas de la JCE habían sido reconocidas con menos de 11%

La JCE argumenta utilizar para el reconocimiento una reglamentación del 5 de diciembre del 2011, cuando el expediente del MPT fue sometido el 21 de junio y el plazo para depositar expediente venció el 20 de septiembre del 2011, lo que resulta ilógico el argumento de la JCE de aplicar en forma retroactiva el referido reglamento.

Nosotros esperamos una rectificación de la JCE, pero de continuar negando el derecho constitucional a organizarnos recurrimos a los tribunales, pues es inamisible que las instituciones que deben aplicar la ley se aferren al poder de sus miembros para imponer el despotismo y actúen contra los derechos fundamentales y constitucionales de los dominicanos y dominicanas.