La problemática ha sido planteada por usuarios que acudieron desde el viernes a diferentes clínicas y laboratorios, donde recibieron la noticia de que su carnet está cancelado, mientras se realiza una supuesta investigación, expresaron los afiliados y trabajadores de diferente empresas.
Manifestaron que para lo que no se investiga es para saber todos los meses con los fondos; pero, que la dimensión del problema es mucho mayor, ya que son cientos los trabajadores que aseguran se ven impedidos de recibir los servicios médicos en el país.
En consulta con el licenciado Víctor Bretón, quien ejerce en las áreas de derecho de trabajo y Seguridad Social, dijo que tenía la información de que la Tesorería de la Seguridad Social, mantiene la retención de más de 50 millones de pesos pagados por los empleadores y trabajadores para poder disfrutar de la cobertura de los servicios de salud que les otorgan las ARS.
Calificó el abogado y dirigente comunitario como ilegal y arbitraria la actitud de la Tesorería, ya que impide que los afiliados utilicen los servicios de salud, porque las ARS no recibieron los recursos correspondientes que fueron ya pagados.
Expresó que esto conlleva a que le hayan sido suspendidos los servicios a los afiliados en las distintas clínicas, hospitales, laboratorios y farmacias del país, creando una situación dramática.
“Ahora mismo hay más de 75 mil trabajadores con cedulas canceladas, por la TSS, lo que impide que reciban los servicios de salud”, sostuvo el profesional del derecho que comparte esa profesión con la de vocero nacional del FALPO.
Bretón precisó que espera que la situación sea encarada de manera responsable y firme por la DIDA, SISALRIL Y el Ministerio de Trabajo, quienes son parte del Consejo de la Seguridad Social y cuál debe ser convocado y dar una repuesta inmediata a esta situación, ya que con los recursos y la salud de los empleados no se puede jugar.
Finalmente, Víctor Bretón sostuvo que es urgente que cese la práctica de cancelar los carnet a los afiliados por parte de la Tesorería de Seguridad Social y la de retener los fondos, ya que son los trabajadores y trabajadoras de escasos recursos quienes más directamente se ven afectados.
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