Santiago,
Organizaciones populares y sociales de Santiago, realizaron ayer una marcha del traslado simbólico del ex presidente Leonel Fernández desde el Palacio de Justicia hasta la cárcel de Rafey, quien fue acusado de integrar un grupo corporativo que violó la Constitución y cometió los actos de corrupción más grande en el país.
El encierro figurado, se produce luego de los juicios populares llevado a cabo en esta ciudad, Moca y otras ciudades de la región, según estos por los actos de violación al Código Penal y por el secuestro de las instituciones públicas del país.
En la explanada frontal de la Cárcel de Rafey, Ramón Estrella, Víctor Bretón, Raquel Rivera y Santiago Rodríguez dijeron que Leonel Fernández y su grupo, además de violar la Constitución en su artículo 146 que contempla la proscripción de la corrupción, cometió los crímenes de concusión cometidos por funcionarios públicos, contenida en el artículo 174 del Código Penal.
“Incurrió en delito de los funcionarios que se mezclan en asuntos incompatibles con su calidad, sancionado por el artículo 175 del Código Penal, lavó dinero e incrementó su patrimonio derivado de esas actividades ilícitas en violación a los artículos 3, 18, 4, 5, 8, 26 y 21 de la Ley 7202 sobre lavado de activo”, expresan.
Lo acusan de haber violado también el artículo 2 del Reglamento de Aplicación de la misma ley contenida en el decreto 20/03 del 14 de enero del 2003, cometió el crimen de prevaricación contenido en los artículos 166 y 167 del Código Penal.
“Lo peor y los más criminal cometido por esa red mafiosa dirigida por Leonel Fernández, en su calidad de principal incumbente de la administración de la cosa pública, pero no fue que exclusivamente convirtió a su grupo corporativo en una poderosa monarquía económica, sino que sustituyó los empresarios tradicionales del país”, precisan.
Sostienen que debido a ese accionar hoy tenemos una justicia raptada por ese grupo corporativo, una organización corporativa, que esconde su esencia criminal, capaz de todo, hasta de matar, para no responder por sus hechos ilícitos y castigable en cualquier país que tenga un estado de derecho que respete la dignidad humana.
“Esta organización de características espuria es muy peligrosa, pues tiene secuestrado el sistema electoral, a partidos políticos, al ministerio público, las altas cortes, sigue recibiendo las contratas del Estado y tiene nexos internacionales que les permiten distorsionar informaciones”, subrayan.
Dijeron que la lucha que está basada en la verdad, única hacedora de justicia verdadera, es una lucha trascendente, es para recuperar las instituciones para el pueblo, liberar del rapto a que tiene sometida Leonel Fernández y su grupo corporativo, es para que la justicia ande libremente y tener instituciones libres.
En ese sentido exigieron que “el secuestrador” libere las instituciones propiedad del pueblo, sin ninguna condición y sin nada a cambio y que pague por los crímenes cometidos, por lo que no descansarán hasta lograr que esas institu-ciones públicas sean devueltas, sanas y salvas a su legítima casa, que es, el pueblo dominicano.
El encierro figurado, se produce luego de los juicios populares llevado a cabo en esta ciudad, Moca y otras ciudades de la región, según estos por los actos de violación al Código Penal y por el secuestro de las instituciones públicas del país.
En la explanada frontal de la Cárcel de Rafey, Ramón Estrella, Víctor Bretón, Raquel Rivera y Santiago Rodríguez dijeron que Leonel Fernández y su grupo, además de violar la Constitución en su artículo 146 que contempla la proscripción de la corrupción, cometió los crímenes de concusión cometidos por funcionarios públicos, contenida en el artículo 174 del Código Penal.
“Incurrió en delito de los funcionarios que se mezclan en asuntos incompatibles con su calidad, sancionado por el artículo 175 del Código Penal, lavó dinero e incrementó su patrimonio derivado de esas actividades ilícitas en violación a los artículos 3, 18, 4, 5, 8, 26 y 21 de la Ley 7202 sobre lavado de activo”, expresan.
Lo acusan de haber violado también el artículo 2 del Reglamento de Aplicación de la misma ley contenida en el decreto 20/03 del 14 de enero del 2003, cometió el crimen de prevaricación contenido en los artículos 166 y 167 del Código Penal.
“Lo peor y los más criminal cometido por esa red mafiosa dirigida por Leonel Fernández, en su calidad de principal incumbente de la administración de la cosa pública, pero no fue que exclusivamente convirtió a su grupo corporativo en una poderosa monarquía económica, sino que sustituyó los empresarios tradicionales del país”, precisan.
Sostienen que debido a ese accionar hoy tenemos una justicia raptada por ese grupo corporativo, una organización corporativa, que esconde su esencia criminal, capaz de todo, hasta de matar, para no responder por sus hechos ilícitos y castigable en cualquier país que tenga un estado de derecho que respete la dignidad humana.
“Esta organización de características espuria es muy peligrosa, pues tiene secuestrado el sistema electoral, a partidos políticos, al ministerio público, las altas cortes, sigue recibiendo las contratas del Estado y tiene nexos internacionales que les permiten distorsionar informaciones”, subrayan.
Dijeron que la lucha que está basada en la verdad, única hacedora de justicia verdadera, es una lucha trascendente, es para recuperar las instituciones para el pueblo, liberar del rapto a que tiene sometida Leonel Fernández y su grupo corporativo, es para que la justicia ande libremente y tener instituciones libres.
En ese sentido exigieron que “el secuestrador” libere las instituciones propiedad del pueblo, sin ninguna condición y sin nada a cambio y que pague por los crímenes cometidos, por lo que no descansarán hasta lograr que esas institu-ciones públicas sean devueltas, sanas y salvas a su legítima casa, que es, el pueblo dominicano.
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